Lasso dicta estado de excepción en tres provincias afectadas por paro en Ecuador

El presidente de Ecuador Guillermo Lasso volvió a convocar a la mesa de conversaciones a todos los sectores de la sociedad, aunque no especificó, de forma expresa, si incluía a la Confederación de Nacionalidades Indígenas u otros colectivos que se han sumado a las protestas.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró en la noche de este viernes el estado de excepción en tres provincias donde se han concentrado las protestas en su contra y dijo que está dispuesto a defender la capital, ubicada en la mira de las movilizaciones indígenas.

Lasso, en un mensaje por televisión, indicó que declara desde la medianoche de este viernes el estado de excepción en las provincias de Imbabura, Pichincha, cuya capital es Quito; y Cotopaxi, situadas en el centro y norte de la región andina del país.

«Desde aquí me comprometo a defender a nuestra capital y a nuestro país», aseguró el gobernante, que hizo un nuevo llamamiento al diálogo a «todas las organizaciones sociales», aunque no especificó el nombre de ninguna.

El estado de excepción decretado por Lasso tendrá 30 días de duración y contempla la movilización de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional para salvaguardar el orden interno, la suspensión de los derechos de asociación y de reunión, y la imposición de un toque de queda nocturno de 22:00 a 5:00 en Quito.

Sin embargo, el punto más polémico del decreto es que «se restringe el derecho a la libertad», de modo que el Gobierno «podrá requerir a los prestadores que operen redes públicas de telecomunicaciones la suspensión, degradación de calidad o limitación temporal de los servicios de telecomunicaciones».

Aumento de bono y condiciones de deudas

Asimismo, anunció que incrementará el valor del bono de desarrollo humano que se entrega a los más pobres de 50 a 55 dólares, que condonará créditos vencidos de hasta 3.000 dólares en el banco estatal de desarrollo y que subsidiará a pequeños y medianos agricultores la mitad del costo de la urea, un fertilizante, como medidas para frenar el descontento.

Esas medidas se aplicarán de manera inmediata, dijo el mandatario, quien también anunció la declaración de emergencia en el sistema de salud pública del país, aquejado por la falta de medicinas.

También habló de duplicar el presupuesto de la educación intercultural y de abrir líneas para créditos de hasta 5.000 dólares para los agricultores, a 1% de interés y a 30 años de plazo.

Entre las medidas no se refirió a la congelación y reducción del precio de las gasolinas, que es una de las principales demandas de la protesta, aunque prometió que no revisará el valor del diésel, el gas ni la gasolina regular.

También descartó entrar en procesos de privatización de servicios públicos y sectores estratégicos, que es otra de las demandas del movimiento indígena, opuesto a la gestión económica del mandatario a la que consideran cercano al Fondo Monetario Internacional.

Nuevo llamado al diálogo

«Hay gente buena que está marchando para reclamar causas justas, demandas que todavía no hemos podido atender», aceptó Lasso, tras recordar que anoche llamó al diálogo, pero que, por contra, observó una mayor violencia en las manifestaciones y una negativa a sentarse a negociar.

El gobernante volvió a convocar a la mesa de conversaciones a todos los sectores de la sociedad, aunque no especificó, de forma expresa, si incluía a la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) u otros colectivos que se han sumado a las protestas.

Las manifestaciones fueron convocadas desde el lunes por la Conaie al cumplirse el primer año del mandato presidencial de Lasso y sin que los distintos intentos de diálogo entre ambas partes llegasen a buen puerto.

Estos cinco días de protestas se han desarrollado con cortes intermitentes de carreteras y manifestaciones en las provincias ahora declaradas en estado de excepción, además de varias instalaciones petroleras tomadas por manifestantes en la Amazonía.

El Paro

El lunes 13 de junio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lideró varias movilizaciones en al menos 10 de las 24 provincias del país; su presidente, el líder kichwa panzaleo, Leonidas Iza, anunció que la medida sería indefinida, a escala nacional y que se sostendría en principio con acciones de protesta en las comunidades indígenas.

Aunque Lasso y sus ministros aseguran que no hay razones para una protesta social, la Conaie presentó 10 demandas concretas al gobierno. Entre ellas están: suspender el incremento al precio de los combustibles; una renegociación de las deudas de los clientes del sistema financiero nacional; la regulación de precios de productos del campo; la derogación de los decretos 95 y 151 que promueven el aumento de la explotación petrolera y la minería; respetar la consulta previa, libre e informada para iniciar proyectos extractivos en territorios comunitarios e indígenas y regular los precios de productos de primera necesidad para evitar intermediaciones.

Durante el primer día de movilizaciones las protestas incluyeron cierres de carreteras, quema de neumáticos y riñas aisladas que no afectaron en gran medida las actividades comerciales en el país. Los manifestantes se concentraron, sobre todo, en la provincia amazónica de Pastaza, en la Sierra central, en los alrededores de Quito y en algunas localidades costeras, en su mayoría rurales y agrícolas.

Sin embargo, llegada la madrugada del martes, un grupo de policías a bordo de una camioneta de uso civil interceptó el vehículo en el que viajaba Leonidas Iza, muy cerca de la población andina de Pastocalle en la provincia de Cotopaxi, y luego de forcejear con él y con sus acompañantes, se lo llevaron detenido sin un destino determinado.

Detención de Iza desató vandalismo y represión

Carlos Poveda, uno de los miembros del equipo jurídico de la Conaie y defensor de Iza, le dijo a La Barra Espaciadora y a Mongabay Latam que durante la detención del líder indígena ocurrieron violaciones al debido proceso, entre ellas que no se hayan informado las razones de su aprehensión de inmediato. Iza no tuvo contacto con sus abogados durante toda la noche y buena parte del día y la tarde del martes 14 de junio. “No teníamos ningún tipo de certeza de dónde estaba Leonidas”, aseguró Poveda. Por esa razón intentaron presentar un recurso de hábeas corpus, pero las oficinas de la Fiscalía estaban cerradas.

Según el parte policial, Iza fue detenido a las 00:30 del martes 14 de junio. Casi 10 horas después, a las 10:26, el parte fue recibido en la Fiscalía Provincial de Cotopaxi para dar inicio al proceso penal y el dirigente fue trasladado a Quito. El documento señala que Iza habría dispuesto a las bases de la Conaie para que intensificaran el bloqueo de vías en todo el país “con la exclusiva finalidad de vulnerar varios derechos”. El parte se refiere al derecho a la libre movilidad y el derecho a la alimentación y señala, además, que el presidente de la Conaie ha anunciado su intención de “bajar” a Lasso, es decir, derrocar al presidente ecuatoriano.

Cuando el equipo legal de Iza logró presentar el recurso de hábeas corpus —cuenta Poveda— ya era tarde. En audiencia de flagrancia, la jueza Paola Bedón declaró que la detención fue legal y acusó a Iza de presunto autor mediato del delito de paralización de un servicio público, contemplado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal.

La Fiscalía desistió de solicitar prisión preventiva y, en su lugar, dispuso que Iza se presentara periódicamente en las oficinas provinciales de esa entidad, prohibió su salida del país y fijó para el 4 de julio la audiencia de juicio en su contra. “No hay garantías”, asegura Poveda.

Leonidas Iza, presidente de la Conaie durante el paro de junio de 2022. Foto: Cortesía Ecuador Chequea.
Leonidas Iza, presidente de la Conaie, durante el paro de junio de 2022. Foto: Cortesía Ecuador Chequea.
Manifestantes bloquearon varias carreteras nacionales. Foto: Cortesía Ecuador Chequea.
Manifestantes bloquearon varias carreteras nacionales. Foto: Cortesía Ecuador Chequea.

Desde el momento que se supo de la detención de Leonidas Iza, miles de simpatizantes se volcaron a las calles para protestar y exigir su liberación. En la provincia de Cotopaxi, zona considerada su bastión político, los reclamos populares desencadenaron enfrentamientos con la policía hasta la noche del miércoles 15 de junio.

El analista político Pedro Donoso, director de la consultora Icare, cree que la detención del máximo dirigente de la Conaie fortaleció a un movimiento indígena que “venía debilitado”, pues “provocó que se reagrupe alrededor de Iza” y que otros movimientos se junten, incluso algunos que no estaban alineados con la organización antes de las protestas.

Para Donoso, Lasso cometió un error político. “El error es no haber entendido las consecuencias y los efectos políticos que eso podía provocar”, comenta. Donoso reconoce que el Ejecutivo incidió en la detención del dirigente indígena desde que en diciembre de 2021 aseguró que es “un anarquista” y que terminará “con sus huesos en la cárcel”.

Lasso dicta estado de excepción en tres provincias afectadas por paro en Ecuador
Luego de la detención de Leonidas Iza se intensificaron las protestas en Ecuador. Foto: Cortesía Ecuador Chequea.

Según la encuestadora Perfiles de Opinión, el presidente Guillermo Lasso, a junio de 2022, goza apenas del 17,14 % de aceptación ciudadana. Cuando inició su periodo, contaba con más del 75 % de simpatía popular.  De acuerdo con datos del Latinobarómetro —estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20 000 entrevistas en 18 países de América Latina—, Ecuador es uno de los países en los que más fragmentadas lucen las estructuras partidistas y en donde la gobernabilidad se hace más compleja. Adicionalmente, la falta de confianza en las instituciones estatales es otro de los factores que Pedro Donoso destaca como detonante de la coyuntura actual.

El 14 de junio, Amnistía Internacional difundió un comunicado en el que advierte al gobierno de la posibilidad de que se hubiera permitido una detención arbitraria y llama al respeto por el debido proceso y al ejercicio de la protesta social.

María Paz Jervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK y miembro de la Red de Politólogas en Latinoamérica, cree que sí existen “causales de sobra para procesar a quienes protestan de manera violenta y beligerante y a quienes ostentan un discurso de tumbar el poder constituido constantemente”, pero asegura que los mecanismos fueron equivocados. “Las movidas del gobierno nacional tienen un mérito porque no cambian su postura: son absolutamente torpes”.

Demandas reales quedan olvidadas

Mientras las 10 demandas de la Conaie se desvanecían en la discusión política concentrada en el destino de Leonidas Iza, dirigentes sociales que habían mantenido cierta distancia con el paro nacional eligieron desde el martes adherirse a las manifestaciones públicas.

En una transmisión a través de los medios de comunicación de la Conaie, Samuel Lema, representante del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), reiteró la intención de robustecer las acciones de protesta hasta que el gobierno de Lasso atienda los 10 pedidos. Gary Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocín), aseguró en la misma transmisión que “el campo no aguanta más porque todos los gobiernos neoliberales que hemos tenido durante los últimos 40 años solo han servido para enriquecer a los más ricos y no han contribuido con políticas que permitan mejorar la situación de los más pobres”. Espinoza fue más allá y denunció lo que llamó una “persecución” por parte del gobierno.

María Paz Jervis dice que “la narrativa en Ecuador es el caos y eso nos habla de una ruptura en términos de ciudadanía y de Estado-nación. Hacen falta liderazgos legítimos, liderazgos éticos”. Por su parte, para Pedro Donoso, “el conflicto tiene que salir de la calle y tiene que extrapolarse a la mesa de diálogo, pero alguien tiene que construir esa trocha para encauzar el conflicto hacia ese puerto”.

En la tarde del miércoles 15 de junio, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aseguró que el Ejecutivo está abierto a dialogar y que incluso contempla la participación de organizaciones mediadoras —cuyos nombres no reveló— que orienten una solución a esta nueva crisis que vive Ecuador.

Para este texto se solicitó entrevista tanto con el ministro Jiménez como con el ministro de Interior, Patricio Carrillo, pero sus equipos de comunicación aseguraron que las agendas de los funcionarios les impedían atender a nuestro pedido.

Lasso dicta estado de excepción en tres provincias afectadas por paro en Ecuador
Una de las peticiones del paro es controlar los precios de los alimentos de la canasta básica familiar. Foto: Cortesía Ecuador Chequea.
Policía intenta evitar el avance de manifestantes en el centro de Quito. Foto: Cortesía Ecuador Chequea.
Policía intenta evitar el avance de manifestantes en el centro de Quito. Foto: Cortesía Ecuador Chequea.

Durante el jueves 16 de junio, Leonidas Iza animó de nuevo las protestas y ratificó la “ferrea voluntad de avanzar en el cumplimiento de nuestros objetivos, de los objetivos de la sociedad, pero también de los objetivos de la patria”. Varios puntos del país registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías, mientras las marchas cerraban varias vías en ciudades como Ibarra, Riobamba y algunos barrios quiteños. Gremios de taxistas y transportistas escolares se unieron a las protestas por la mañana, sin embargo, por la tarde, los representantes de los gremios del transporte público anunciaron que no se unirán al paro nacional y convocaron al diálogo. Mientras eso ocurría, el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Eduardo Bonilla, presentó la renuncia a su cargo.

En medio de la incertidumbre, el mismo jueves el gobierno dio señales de cumplir con dos de los pedidos de la Conaie cuando anunció la publicación del Decreto Ejecutivo No.452 y la suscripción el Acuerdo Ministerial No.0069, con los que el Ministerio del Gobierno se compromete a intensificar las intervenciones y operativos de control de precios de productos de primera necesidad.

Además, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) publicó un comunicado para informar que emitirán sanciones a exportadoras bananeras que incumplan con los pagos justos a los productores agrícolas de acuerdo con lo que manda la Ley del Banano en el país.

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